La crisis educacional no da tregua. Sumándose a la paralización del Colegio de profesores de Atacama este jueves la PDI incautó documentos, teléfonos celulares y computadores de las oficinas de la sede regional del ministerio de Educación y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
La Fiscalía de Atacama inició estas diligencias en el marco del paro de profesores que comenzó a principios de septiembre debido a problemas en la infraestructura, y que mantiene a 46 establecimientos del SLEP sin clases.
Fue el pasado lunes cuando se abrió la causa por el ministerio Público de Atacama, en base a antecedentes recogidos por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, tras la realización de auditorías en el servicio que arrojaron “irregularidades graves”.
La información de este caso fue puesta a disposición del Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público, quienes tendrán que determinar si en los hechos ocurridos en el SLEP de Atacama e investigados por la PDI existe corrupción.
El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, señaló que al lugar acudieron funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.
“Esto con el objetivo de recopilar antecedentes documentales vinculados con fiscalizaciones del año 2021 y 2022 que se tradujeron en informes, uno de ellos el de Contraloría”, explicó.
Mauricio Vergara, prefecto de la prefectura provincial de Copiapó, señaló que las diligencias derivaron en “la incautación de teléfonos celulares a autoridades y directivos ligados a las instituciones, con el objetivo de que la investigación profesional llevada a cabo por los oficiales policiales del Bridec Copiapó permita aportar antecedentes a la carpeta del caso”. CHH
