La justicia argentina determinó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto delito de asociación política y administración fraudulenta, en el marco de la causa que investiga irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.
La indagatoria dirigida por el juez Julián Ercolini, estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Además, Ercolini ordenó contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) y el procesamiento de Lázaro Báez, el ex ministro de planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.CH H.
