Esta semana, la Controlaría General de la República detectó que 899 cajas de ayuda brindadas por el Gobierno para contribuir en la economía de las familias más afectadas por la pandemia, figuraban como entregadas a personas que ya habían fallecido.
A raíz de ello, se emitió un informe de casi 70 páginas -que fue recientemente publicado por el ente contralor- en donde se reportaban ciertas irregularidades que la Intendencia Regional del Biobío habría cometido en el marco de la entrega de subsidios económicos en la crisis sanitaria.
Ahí, se constató que, además de desconocerse el paradero real de estas cajas de alimentos, se registraron sobreprecios en cámaras de vigilancia y térmicas utilizadas para detectar el Covid-19, en donde se habrían gastado más de $55 millones adicionales.
Además, se comprobó que al menos cuatro funcionarios públicos de la Intendencia habrían sido beneficiados con cajas de alimentos, sin acreditar una situación económica que explicara la entrega del subsidio.
Finalmente, es preciso destacar que, hasta el momento, las autoridades regionales no se han pronunciado al respecto. CHH
