Este jueves, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Alberto Allende Jones, de la comuna de Talagante, evaluar la realización de un aborto a una joven que quedó embarazada a raíz de la falla de los anticonceptivos Anulette CD registrada a fines de agosto del 2020, los cuales fueron entregados en el servicio de salud primaria.
Según constataron las autoridades, el centro de salud no notificó a la mujer sobre las pastillas defectuosas, por lo que ella misma se percató de su embarazo en octubre, acusando que esta situación le ha causado un «desbalance en su salud psíquica, con crisis de pánico y angustia, síntomas de desánimo, falta de apetito, carencia de motivación», lo que la ha «impulsado a tener ideas suicidas».
En este escenario, la Corte estableció que el Cesfam, «al no haber ejecutado las acciones específicas tendientes evaluar un diagnóstico compatible con la voluntad de la recurrente -quien no se encuentra obligada a conocer los protocolos técnicos en la materia-, ha incurrido en una omisión que no solo resulta caprichosa y por tanto arbitraria, sino también resulta ilegal».
Por esto, el recinto cuenta con cinco días para evaluar la salud de la afectada, con tal de «constatar o descartar un diagnóstico» que esclarezca si puede o no interrumpirse el embarazo.
Finalmente, cabe recordar que, en febrero de este año, más de 100 mujeres acusaron haber quedado embarazadas a raíz de las fallas en lotes de anticonceptivas, razón por la cual la Corporación Miles las contactó para preparar una demanda colectiva contra el Estado de Chile y las empresas responsables, que son el laboratorio Andrómaco y Silesia. CHH
