Una multa de $50 millones tendrá que pagar el organizador de una fiesta clandestina realizada en Maipú, que vulneró todas las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno a causa de la pandemia.
Tras una investigación, la Seremi de Salud determinó que el presunto responsable no solo infringió el toque de queda y la negativa de las autoridades ante eventos masivos debido al Covid-19, sino que también comprobó que el lugar donde Juan Salazar organizó la fiesta clandestina, con más de 400 personas asistentes, carecía de condiciones higiénicas. En el galpón se encontraron ratones muertos y nulas vías de evacuación en caso de emergencia.
Ante esto, y dado que se revocó la medida de prisión preventiva, la Seremi estableció que el implicado tendrá que pagar una multa de $50 millones. Sin embargo, tendrá la posibilidad de apelar al sumario sanitario realizado por la institución.
Al respecto, el abogado de Salazar, Enrique Urbina, aseguró: «No hay mayores pruebas que puedan hoy día acreditar garantías apoyadas en evidencia, en algún tipo de participación de mi representado en los hechos y delitos que se le han formalizado. Quiero reiterar que la presunción de inocencia es un derecho consagrado en la Constitución y mi cliente se presume inocente hasta que no haya una sentencia condenatoria en su contra».
Sin embargo, el 9° Juzgado de Garantía, quien decretó previamente la medida de prisión preventiva, aseguró que Salazar es considerado «un peligro para la sociedad». CHH
