El Servicio Nacional al Consumidor (Sernac) realizó diversas fiscalizaciones al rubro de la comida rápida y sus aplicaciones de entrega de comida, lo que culminó con diversos incumplimientos a la Ley del Consumidor, debido al cobro de propinas.
En efecto, se pudo constatar que el pago anticipado del producto se ha vuelto una práctica común, debiendo cancelar la comida, el uso de la plataforma, la entrega y propinas que que se solicitan al cliente que, en ocasiones, van desde el cinco hasta el 20% por un servicio aún no recibido.
Las empresas serán llevadas a los tribunales
El director del Sernac, Andrés Herrera se refirió a esta problemática relacionada con las propinas, argumentando que: “los consumidores no pueden ser emplazados a pagar cifras adicionales predefinidas en un modelo de negocio en el que se calcula este monto extra sobre la base del pedido, del costo del servicio, al mismo tiempo el costo del delivery, es decir, un monto de una propina que excede incluso el 10 o el 15 por ciento del monto total. Es por esto que vamos a denunciar ante la justicia estas infracciones cometidas por parte de Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya”.
Si los tribunales fallan contra estas tres empresas y si se determina las infracciones, arriesgan multas de hasta 300 UTM, un monto de más de 19 millones de pesos por cada infracción cometida.
Por otra parte y tras la mencionada fiscalización, la plataforma Justo avanzó hacia la modificación de su modelo de negocios y no segmentó ni definió una cantidad a sus consumidores.
Próximo proyecto de ley
En la Comisión de Economía de la Cámara baja inició el trámite que apunta a la prohibición de que se sugiera o exija la propina en establecimientos que no cuenten con atención a las mesas.
De incumplirse esto según la Ley del Consumidor, la iniciativa propone una multa con beneficio fiscal, de hasta cinco UTm (cerca de 330 mil pesos).
