El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse respecto de la “Ley Pascua”, la que podría beneficiar a un hombre acusado de violación, por delito cometido en 2019. Esta ley señala, entre otras cosas, que personas pertenecientes a la etnia Rapa Nui, que cometan ciertos delitos, entre ellos la violación, puedan ver reducida su pena en un grado y permite, además, que cumplan en libertad dos tercios de la condena.
En octubre de 2019, el hombre abordó a una mujer del continente, la trasladó a un sitio eriazo y procedió a violarla. Más tarde, confesó su delito, al ser detenido por Carabineros. Ahora, el imputado pide que se le aplique la Ley Pascua.
Ante esto, el Juzgado de Letras y Garantía de Rapa Nui solicitó la inaplicabilidad de la ley por inconstitucional, por lo que el caso fue llevado al Tribunal Constitucional.
En el medio de esta acusación, el Consejo de Ancianos debió emitir un escrito para “defender” la ley, el que señala: “durante la seducción y el ejercicio de la sexualidad, puede tener lugar un juego equitativo de roles donde ambos pueden asumir la iniciativa sexual y responder a la falta de interés explícito del otro con violencia o con una fuerza grata necesaria para vencer la oposición del otro”.
Esto causó el inmediato rechazo por parte de la gobernadora de la zona, Tarita Rapu Alarcón. “Se dice que las mujeres o las niñas que van a nacer, deben estar acostumbradas a la violencia grata ¿cómo se le ocurre a estos abogadillos (…) hablar en esos términos y condenar a todas las generaciones de niñas que no han nacido a que existe una violencia grata?”, declaró la gobernadora.
En tanto, el presidente del Consejo de Ancianos comentó que no tuvo acceso a la declaración completa, antes de firmarla, pues este viernes tenían que presentar un escrito a favor de la ley y él la firmó, cuando aún no estaba finalizada.
El fiscal jefe de Rapa Nui, Osvaldo Basso, visibilizó el desmedro en el que se encuentra la mujer de Rapa Nui en relación a una del continente: “la libertad o indemnidad sexual de la mujer víctima residente en Rapa Nui se encuentra menos protegida penalmente que la de una mujer víctima que viva en el continente (…) refleja una flagrante discriminación hacia la mujer y una clara transgresión a su derecho humano a la no violencia sexual”. CHH
