El 22° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de nulidad de derecho público interpuesta por la Municipalidad de Colina contra el Fisco de Chile, con el objetivo de permitir construcciones en Áreas de Preservación Ecológica (APE).
El municipio interpuso el recurso contra el dictamen emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que impide levantar obras en dichas zonas.
Según el artículo 8.3.1.1 de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), las APE “corresponden a aquellas áreas que serán mantenidas en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico”.
“En estas áreas se permitirá el desarrollo de actividades que aseguren la permanencia de los valores naturales, restringiéndose su uso a los fines: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación”, añade.
La acción judicial presentada por el municipio se debe a la incertidumbre respecto a la retroactividad de dictamen, específicamente para casos de construcciones con permisos ya recepcionados y otros que aún continuaban vigentes, en proyectos de parcelas en APE ubicadas en la comuna, dado que el dictamen no es claro en ese aspecto, además de argumentar fundamentos de un plan regulador por sobre la ley que la regula. Uno de los proyectos donde se ubican este tipo de construcciones es Hacienda Guay Guay, que cuenta con 850 sitios.
Para conseguir la nulidad, uno de los argumentos utilizados por la defensa de la Municipalidad de Colina es que “dichos terrenos estaban inicialmente fuera del área metropolitana, es decir, no les era aplicable la regulación contenida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago”.
Asimismo, sostuvo que los permisos de edificación han sido otorgados según el artículo 2.1.29 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
De igual manera, la defensa expuso que “en los últimos 25 años se han otorgado múltiples permisos de edificación en Áreas de Preservación Ecológica sin objeciones del órgano contralor”.
Exceso de atribuciones de la Contraloría
De acuerdo con lo expuesto, la justicia determinó que la CGR “excedió sus atribuciones al aplicar normas urbanísticas de manera retroactiva, restringiendo derechos ya consolidados”, desconociendo el principio de juridicidad.
Así, el 22° Juzgado Civil de Santiago declaró que “la Contraloría ha excedido los límites de su potestad dictaminadora”, por lo que dejó sin efecto el dictamen.
Si bien la acción presentada por la Municipalidad de Colina obtuvo la victoria, de momento no está claro el futuro de las edificaciones que podrían realizarse en las APE de la comuna, puesto que su definición sostiene que “la aprobación de proyectos quedará condicionada en todos los casos a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental realizado por el interesado, evaluado e informado favorablemente por los organismos que corresponda”.
El asesor urbano de la Municipalidad de Colina, Álvaro Quilodrán, explicó a Chicureo Hoy que la acción judicial fue interpuesta porque, a su juicio, la interpretación que realizó la CGR antepuso un artículo específico de la normativa por sobre lo estipulado en la ley.
“Si uno analiza el artículo general de la zona excluida de la zona urbana, dice que para predios antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador (previo a 1997) se va a permitir la vivienda del propietario y sus trabajadores”, detalló, añadiendo que en el municipio no comparten el dictamen.
En esa línea, indicó que “lo que alegó la municipalidad, más que a favor de los propietarios o inmobiliarias, porque hay inmobiliarias y particulares, es que esta es una situación en la que fuimos muy afectados, puesto que hay procesos que no se pudieron culminar: permisos de edificación entregados y que no han podido ser recepcionados para viviendas que ya están construidas”.
“Lo que nos llama más la atención es que la Contraloría está poniendo un instrumento de planificación por sobre la ley, rompiendo todas las planificaciones generales de desarrollo urbano que ha tenido Chile durante todos estos años”, complementó.
Apelación del CDE
Sin embargo, Quilodrán relata que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la CGR, presentó una apelación al fallo del tribunal, por lo que el caso aún no está cerrado, pero aseguró que la municipalidad continuará trabajando para esclarecer las condiciones de edificación.
“Hay una falta de regulación en la zona APE, ya que para dar cumplimiento al artículo 55 de la ley no identifica zonas de preservación ecológica versus zonas agropecuarias. Creemos que, si se quiere llegar a algo, proteger el medioambiente, que estamos de acuerdo en eso, se debe hacer a través de los procesos normativos y las adecuaciones legales que corresponden”, manifestó.
“Nosotros seguimos con la persistencia de que efectivamente se vulneró el principio de que la ley está por sobre los planes reguladores, pero eso lo va a seguir discutiendo ese tribunal”, concluyó.
