Un grupo de abogados denunció a la Contraloría General de la República la compra por trato directo de 900 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución por parte del Gobierno.
Desde el Ejecutivo, la ministra Camila Vallejo señaló que estos ejemplares fueron costeados con fondos que quedaron disponibles luego del cierre de la Convención Constituyente e informó que esperan “imprimir más también, porque van a votar 15 millones de personas”.
Sin embargo, Marcelo Brunet, representante del grupo, aseguró que tienen “una preocupación grande respecto a la legalidad del gasto. Hemos estimado una serie de situaciones complejas, como por ejemplo que se asigna la partida presupuestaria a un órgano que constitucionalmente no existe desde el momento en que la Convención termina sus sesiones”.
Además, indicó que la Secretaría General de la Presidencia realizó un gasto en materias que “no son propias de sus atribuciones”, ya que la difusión de los contenidos de La Moneda le correspondería al Ministerio Secretaría General de Gobierno.
“En tercer lugar, y probablemente lo más preocupante, es que se efectúa la contratación en forma de trato directo, lo que a nuestro juicio corresponde a una situación de ilegalidad”, dijo.
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CHH
