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Para los tres presidentes que hemos tenido en el último tiempo ha sido parte importante de su programa de gobierno la lucha contra la violencia hacia la mujer. Disminuir los índices de femicidio, los índices de violencia que sufren las mujeres a diario. Sin embargo, poco y nada es lo que efectivamente se ha concretado en nuestra legislación.
Es así como últimamente ha salido a flote el proyecto de ley que viene ya desde el año 2017 sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Suena maravilloso. Suena súper bonito. Sin embargo, implica una serie de modificaciones y aspectos técnicos a revisar que son fundamentales para que ese sueño pueda llegar siquiera a ser una aspiración con algo de realidad, porque hoy día es un sueño muy lejano y de real tiene bastante poco.
Los índices de violencia en Chile son altísimos, los números de femicidios siguen siendo preocupantes y no hay mucha experiencia que haya permitido bajar estos índices. Por el contrario, hace diez años que las cifras se mantienen casi intactas, con un promedio de 41 femicidios al año. Y ya en 2022 lamentamos 18 femicidios.
Este proyecto de ley tiene varias modificaciones a la Ley sobre Violencia Intrafamiliar que es importante considerar y analizar. Alguna de ellas es que en un solo artículo reúne todos los tipos de violencia que conocemos: física, psicológica, sexual, económica, etc, las reúne todas.
Amplía también a las personas que son beneficiarias o califican para ser protegidas por esta ley, ya no solo el cónyuge o el conviviente civil, también con quien se haya tenido una convivencia de hecho, se haya o no, tenido hijos con ellos, y sean o no personas del mismo sexo. Incluye también a los menores de edad, mantiene al adulto mayor y a las personas con discapacidad.
Es importante que se hagan estas modificaciones para que tenga la ley un sentido más claro, para que sean mejor interpretadas y no sea necesario recurrir a leyes anexas. Es bueno que esta modificación ocupe la oportunidad o aproveche la oportunidad de reunir todo lo que se ha legislado o ha establecido sobre la violencia intrafamiliar.
Otro punto fundamental es que se están revisando indicaciones que son prioridad para este gobierno, según anunció la ministra Orellana el 31 de mayo, para los distintos organismos que componen el Estado que invitan a tomar medidas de prevención e impedir así la realización o la concretización de la violencia intrafamiliar.
Lo anterior es clave, porque generalmente la discusión se ha centrado en las penas, en las cárceles, en las condenas, pero cuando estamos hablando esos temas ya estamos tarde, ya existe una víctima, ya hay una mujer que está sufriendo o que sufrió violencia intrafamiliar y muchas veces ya hay una mujer muerta, cuyas modificaciones nada le van a servir.
Es importante hablar de prevención, de cómo el Estado se hace responsable de esta prevención, de cómo se hacen campañas, de cómo hacer reeducación, como nombraba la ministra en el periodo anterior, cómo se hace concreto un cambio cultural en nuestra sociedad que permita, no solo modificar leyes, sino que permita realmente entender lo que significa para la mujer sufrir la violencia intrafamiliar.
Lo que significa para nosotros como sociedad ser parte de evitar y cambiar esa historia de violencia, haciéndonos partícipe no solo de la prevención, de la denuncia, sino de la contención a la víctima, después que la víctima ha denunciado.
Si el Estado, como un ente, no recoge a esta víctima y la apoya desde los inicios, si la familia, su círculo cercano, si la sociedad prejuiciosa aísla y no acompaña a la víctima, no vamos a lograr jamás este eslogan que contiene este proyecto que hasta hoy parece un sueño tan lejano: el derecho de las mujeres a ir a una vida libre de violencia. CHH
